El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España se encuentra entre las organizaciones que remitieron una queja el día 25 de abril a la Comisión Europea como continuación a la enviada, el pasado 21 de febrero, por medio centenar de entidades a consecuencia de los sucesos  de la playa del Tarajal en Ceuta. 

El SJM formula esta queja como expresión de su compromiso por una gestión de la Frontera Sur que salvaguarde los Derechos Humanos y que cumpla estándares democráticos. En este empeño colabora con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Europa: tanto en la observación de lo que acontece en la Frontera Sur como en la incidencia política ante las instituciones españolas y europeas.

En esta ocasión, las organizaciones firmantes han incidido en la persistencia, por parte de las autoridades españolas, en practicar expulsiones colectivas y sumarias, tanto en Ceuta como en Melilla.

En la queja se aporta información sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad en estos tres últimos meses, así como la argumentación jurídica en la que descansa la valoración de que se están violando derechos básicos de esas personas así como la normativa española, europea e internacional vigente. Estas vulneraciones afectan tanto a personas que tratan de acceder a la Unión Europea en busca de un futuro, como a aquellas necesitadas de protección internacional que huyen de guerras, persecuciones y violaciones de derechos humanos.

La queja incide en que las prácticas que se están llevando a cabo por parte de los cuerpos de seguridad españoles y marroquíes ponen en grave peligro la vida e integridad física de las personas que intentan llegar a la Unión Europea convirtiendo su trayecto migratorio en un continuo sufrimiento.

La persistencia en este modo de proceder pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno español de poner fin a estas prácticas y asegurar el respeto de los derechos humanos y de la ley en las fronteras.

Por todo ello, las entidades firmantes de la queja, solicitan a la Comisión Europea que investigue en profundidad los hechos mencionados y, si procede, abra un procedimiento de infracción contra España y que, en todo caso, exija al gobierno de España el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente en las actuaciones que lleven a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla.