(La Nueva España)

ÁNGEL DE LA FUENTE | Economista, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)

"Sería razonable que el Estado aportase más fondos a la financiación autonómica, pero las compensaciones deberían ser transitorias"

"El envejecimiento y la dispersión de la población ya están en el sistema; se puede discutir su peso, pero no dar a entender que no se tienen en cuenta"

Oviedo, Marián Martínez / Marcos Palicio - Ángel de la Fuente Moreno (Gijón, 1962) asentirá con conocimiento de experto a la certeza de que la población sola no es una variable adecuada para dirigir el cálculo del reparto de la financiación autonómica, pero también que el envejecimiento, la dispersión y los otros factores demográficos que defiende Asturias ya se ponderan en el modelo actual. De ahora en adelante se puede discutir cuánto pesan, pero su incidencia está contemplada. El economista, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Avanzada (Fedea), reputado especialista en economía regional y haciendas autonómicas y miembro del grupo de expertos que analizó para el Gobierno el modelo financiero en 2017, afronta el rebrote del debate sobre la reforma del mecanismo de reparto con cierta convicción de que hay margen, y "sería razonable", que la modificación que se avecina se efectúe aportando más fondos del Estado, pero no como un cheque en blanco, aclara, sino con forma de compensaciones "transitorias" para que ninguna región salga perdiendo del cambio de sistema ni tampoco se acomode en la certeza de que llegará más dinero del Estado.

- En su último estudio sobre las liquidaciones del sistema se ve que Asturias pierde posiciones en la comparativa de 2017 con 2016. ¿Puede explicar por qué?

-Hay varios factores. El más importante es el la evolución de la recaudación por tributos cedidos, que en Asturias ha crecido por debajo de la media nacional. Por otra parte, el comportamiento de las transferencias de los distintos fondos del sistema de financiación tampoco nos ha favorecido este año. Parte de este efecto tiene que ver con detalles técnicos del sistema, incluyendo el errático comportamiento del indicador de ingresos tributarios del Estado que determina la evolución de la dotación de buena parte de esos Fondos. Aunque la recaudación total creció bastante en 2017, el indicador sorprendentemente se redujo (por la forma muy discutible en la que se calcula) y esto ha tenido un efecto desfavorable sobre las regiones que reciben transferencias importantes de esos fondos, incluyendo la nuestra.

- En el sistema actual, Asturias sale beneficiada. La reforma parece inevitable, pero ¿le conviene?

-Desde el último cambio de sistema, en 2009, hasta ahora, Asturias ha tenido una financiación por habitante ajustado por encima de la media, aunque con el dato de 2017 ya nos acercamos mucho a ésta. Para ver si nos conviene tendríamos que saber cómo sería la reforma y no está nada claro. Si la reforma garantiza un reparto razonablemente igualitario de recursos entre autonomías, yo diría que sí, que a Asturias le conviene, aunque a corto plazo pueda suponer una pequeña pérdida en nuestra posición relativa.

- Todas las reformas se han hecho inyectando más dinero del Estado para que nadie pierda financiación. ¿Será posible eso ahora, dada la situación económica y política?

-El Estado podría aportar algo de dinero para garantizar que ninguna región pierda con el cambio de sistema. Creo que hay margen para ello y que sería razonable hacerlo. Pero esas compensaciones deberían ser transitorias y limitarse a evitar que alguna región pueda salir perdiendo en términos absolutos, a diferencia de lo que se ha hecho en el pasado, cuando las compensaciones no sólo eran permanentes sino que crecían con el índice general de ingresos tributarios del Estado y tendían por tanto a congelar la distribución de la financiación. Eso tiene que acabarse, primero porque si no no hay forma de mejorar el reparto actual, que es muy discutible. Y segundo, porque lo de ir metiendo más dinero cada vez que se reforma el sistema genera problemas graves de incentivos. Las comunidades se acostumbran a gastar más de lo que tienen pensando que cada X años llegará más dinero del Estado sin contrapartida alguna.

- El Gobierno está en funciones, ¿qué margen de maniobra tiene?

-Hombre, un gobierno en funciones no puede intentar reformar el sistema de financiación, que es una operación muy complicada. En principio, tiene que limitarse a cuestiones de gestión ordinaria y no puede plantear nuevas iniciativas de calado.

- Dice usted que los criterios que defienden las comunidades del Noroeste ya se contemplan en el modelo actual. ¿La fórmula pasaría por revisar su peso?

-En algunas declaraciones se pide que el sistema tenga en cuenta cosas como el envejecimiento y la dispersión de la población, y eso ya está en el sistema. Se puede discutir sobre si esos factores deberían pesar algo más que ahora, pero no se debería dar a entender que no se tienen en cuenta. No sé si el problema es el desconocimiento de cómo funciona el sistema o el exceso de celo.

- Asturias es una de las autonomías más perjudicadas por la imposibilidad de que un gobierno en funciones autorice el pago de las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA pendiente de 2017. Fedea propuso compensar las pérdidas elevando los objetivos de déficit para las autonomías. ¿Sería viable en la situación actual?

-No tengo claro que eso sea cierto. Todos nos damos mucha prisa en declararnos los más perjudicados por casi cualquier cosa, pero mi impresión es que este problema afecta a todas las comunidades autónomas de una manera similar. Por otra parte, el problema no debería exagerarse. Estamos hablando de un retraso en la llegada de determinados fondos, no de su desaparición. No debería ser tan difícil conseguir financiación a cuenta de esas cantidades, posiblemente incluso del Estado, para apañarnos mientras llega la liquidación. Y sí, en Fedea seríamos partidarios de elevar el objetivo de déficit de las autonomías este año, reduciendo el del Estado en la misma cuantía, y hacer lo contrario en dos años. Sería una forma de evitar que lo que en principio es un problema técnico menor termine generando problemas reales a las autonomías al obligarlas a adoptar recortes innecesarios o a incumplir sus objetivos de déficit.

- ¿Tiene sentido que, como proponen algunas de las regiones con más ingresos, se tenga en cuenta sobre todo la población, o que reciba más del sistema el que más aporta?

-Utilizar sólo la población no sería buena idea porque esa variable, por sí misma, no es un buen indicador de las necesidades de gasto. Hay que tener en cuenta también la estructura por edades de esa población, su dispersión, la existencia de costes fijos y ciertas características geográficas como la insularidad o la extensión del territorio porque todas esas cosas afectan al coste de los servicios públicos que prestan las autonomías. Lo de que reciba más el que más aporte es más discutible. Yo personalmente estaría en contra, pero hay una versión más débil de eso que sí me parece muy razonable: que el que aporta más no reciba menos, trabajando siempre con ingresos o financiación por habitante ajustado. Eso es lo que se llama a veces el principio de ordinalidad y es perfectamente compatible con la igualdad de financiación por habitante ajustado o por unidad de necesidad, que para mí sería lo más deseable.

- ¿Sería más razonable aplicar una ordinalidad por niveles de renta, de forma que tras el reparto de los fondos nadie pierda puestos en la clasificación de la riqueza?

-Eso suena bastante confuso y además la renta per capita no es la variable más razonable para aplicar la ordinalidad. Habría que mirar más bien los ingresos tributarios por habitante ajustado, que puede ser una cosa bastante distinta.

- El Principado critica que algunas comunidades ricas, como Madrid, bajen impuestos y luego reclamen más financiación al Estado. ¿Tiene razón?

-Aquí se están mezclando churras con merinas de una forma bastante demagógica. ¿Cuál sería la solución? ¿Quitarles a las comunidades la capacidad de subir o bajar tipos? No me parece buena idea restringir innecesariamente esa faceta de su autonomía. Algunos gobiernos preferirán subir tipos para mejorar los servicios y otros bajar tipos y apañarse con servicios algo peores. Los votantes ya dirán si cada uno ha acertado o no, pero es muy saludable que la opción exista. Dicho esto, coincido en que nadie puede pretender bajar impuestos y pedir luego que el Estado les compense por la pérdida de ingresos. Pero no creo que nadie lo esté pidiendo y en cualquier caso saben de sobra que el sistema no funciona así. Otra cosa es que pidan más financiación (en general, no para compensar bajadas de impuestos), pero eso lo hacen todos.