En el aula P. Pérez del Pulgar de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI-ICADE, PUEBLOS UNIDOS ha presentado su Informe anual sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las personas que en ellos son  detenidas y retenidas. 

Este informe se puede descargar en: Informe de PUEBLOS UNIDOS 2013

Han intervenido Cristina Manzanedo, Abogada. Pueblos Unidos; Servicio Jesuita a Migrantes, Daniel Izuzquiza sj., Coordinador de Incidencia Pública de Pueblos Unidos, Servicio Jesuita a Migrantes y Ángel Campos, Coordinador del Grupo de Visitas al CIE de Pueblos Unidos, que han presentado el informe y han dado respuesta a las preguntas que surgen cuando nos acercamos a la realidad de las personas inmigrantes que son criminalizadas, internadas durante un largo tiempo y en penosas situaciones y, finalmente, en gran número, son expulsadas.

¿Por qué encerramos a los inmigrantes? ¿Por qué, cuando no tienen antecedentes penales? ¿Por qué, si son personas vulnerables? ¿Por qué, si muchas veces, tienen un fuerte arraigo en España?

Muchas personas acaban en los CIE por carecer de residencia a pesar de llevar muchos años en España. Son personas muy arraigadas en nuestro país pero que cuentan con una orden previa de expulsión ya que, o bien no han podido regularizarse o bien no han podido renovar sus tarjetas de residencia, frecuentemente por haber perdido su empleo.

Un elevado número de internos nos cuentan que su solicitud de regularización ha sido denegada, una o más veces, al no haber podido aportar a su solicitud un contrato de trabajo, a pesar de haber estado trabajando durante muchos años sin que se les ofreciera ese contrato legal. Tras la ausencia de papeles descubrimos con frecuencia personas en situación de pobreza, de exclusión, con problemas de alcoholismo o drogadicción, o enfermedades mentales.

No son delincuentes, sino pobres.

Cristina Manzanedo nos hace ver que la privación de libertad, que es un derecho fundamental, por una falta administrativa, es algo muy serio. Tan serio, que la legislación europea y la española conciben el internamiento como una medida excepcional, como último recurso. Tanto, que incluso requiere autorización judicial previa. Aproximadamente un tercio de las personas internas son jóvenes recién llegados a España, que han accedido a nuestro territorio en pateras o a través de Ceuta y Melilla. Todos son mirados y tratados como inmigrantes económicos y trasladados a los CIE para repatriación. Pero entre ellos descubrimos personas con necesidades de protección no atendidas: posibles refugiados, menores, mujeres víctimas de trata de seres humanos, personas enfermas. Tienen derecho a protección según la Ley pero la identificación en Ceuta y Melilla es deficiente e inexistente en el caso de las personas que llegan en pateras a nuestras costas.

Nuestro marco legal es garantista, sin embargo, en las visitas que realizamos a los CIE constatamos que dichas garantías no se cumplen en la práctica o sólo se cumplen formalmente. En España se abusa del internamiento. Y frecuentemente nos preguntamos, pero ¿cómo ha llegado una persona en estas circunstancias al CIE? Los CIE son puerta de entrada y puerta de salida de España y entre las personas internas hay perfiles muy diferentes, invisibles a los ojos de la policía y ocultos tras una orden de devolución o expulsión por estancia irregular.

Ángel Campos, coordinador del grupo de visitas al CIE nos ha hablado de la grave situación de internamiento que sufren las personas recluidas y presenta las quejas más graves y situaciones recurrentes que han recibido durante este año en el acompañamiento a las personas internas..

Alguna de las principales quejas recibidas y que han sido recogidas en el informe se refieren a la ausencia de información, a las dificultades para que las personas internadas conozcan  su situación jurídica, lo que produce  indefensión legal.

Los internos deberían ser informados a su llegada al CIE de su situación legal.

La falta de atención sanitaria, la ausencia de enfermería para aislar o controlar determinados cuadros médicos. No se identifica a las personas vulnerables y menos aún se les informa de sus derechos a posibles víctimas de agresiones o posibles víctimas de trata.

Cuando el Estado priva de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, en especial de su vida y de su salud.

El informe “CIE, Criminalizados, Internados, Expulsados” recoge también el empleo de medidas sancionadoras y actuaciones policiales extraordinarias fuera de control, así como comportamientos racistas, vejatorios y agresivos. Desgraciadamente, no es extraño o infrecuente recibir quejas de los internos respecto de determinados comportamientos racistas y xenófobos e incluso agresiones por  parte de algunos policías que les vigilan o les custodian en sus traslados.

Con relativa frecuencia se dan situaciones que la policía resuelve con la fuerza, bien sancionando al interno con su ingreso en la celda de aislamiento o con la entrada en el CIE de las Unidades de Intervención Policial.

Daniel Izuzquiza sj., Coordinador de Incidencia Pública de Pueblos Unidos, Servicio Jesuita a Migrantes manifestó que Pueblos Unidos y el SJM quieren llamar la atención al Ministerio de Interior y al Cuerpo Nacional de Policía, pero también a otros actores muy significativos que deben cumplir su responsabilidad para mejorar la realidad de los CIE. Por un lado, lo referido al Reglamento recientemente aprobado.  En estos momentos, lo más importante es que se produzca un cambio efectivo  de modelo en el régimen de internamiento, superando el modelo meramente policial existente en la actualidad.

En segundo lugar, el cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente (internamiento como última medida) y el refuerzo de medidas de protección a las personas extranjeras recién llegadas a nuestro país.

En tercer lugar, el capítulo referido a las condiciones de internamiento destaca el acceso al expediente personal y a la información, tanto por parte de los internos como por parte de las entidades sociales autorizadas por los mismos, y la necesidad de reforzar las medidas para prevenir y controlar los posibles abusos policiales en el CIE

ALGUNOS DATOS:

·         300 personas visitadas por Pueblos Unidos en 2013 en el CIE de Madrid.

·         Nigeria, Ecuador, Marruecos y Colombia son las nacionalidades más frecuentes.

·         23% personas internadas son recién llegadas a España.

·         55% sin antecedentes penales.

·         30 personas tenían hijos menores españoles.

·         37 personas tenían hijos menores extranjeros, nacidos en España en su mayoría.

·         Se sigue identificando a las personas por la calle por perfil racial.

·         La duración del internamiento es muy variable. 

·         Algo más del 50% fueron puestos en libertad, por distintos motivos. 

     RECOMENDACIONES:

En esta ocasión, Pueblos Unidos y el SJM quieren llamar la atención que, además del Ministerio de Interior y el Cuerpo Nacional de Policía, hay otros actores muy significativos que deben cumplir su responsabilidad para mejorar la realidad de los CIE. Por ello, se realizan también recomendaciones dirigidas al mundo judicial y al ámbito de la abogacía.

 A LOS JUZGADOS Y AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ) 

• Que se estudie el traslado de las competencias sobre internamiento desde los Juzgados de Instrucción a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
• Que se refuerce la formación de los jueces en materia de extranjería, a través de la Escuela Judicial y otros medios apropiados
• Que los Juzgados analicen y valoren las circunstancias particulares de cada persona interna y que posibiliten cauces efectivos para presentar alegaciones
• Que se potencie el papel de los Juzgados de Vigilancia y Control, asignando recursos suficientes para que puedan realizar adecuadamente sus funciones, de máxima importancia 

A LOS ABOGADOS  Y AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA DE ESPAÑA (CGAE) 

• Que promueva la creación de un turno de oficio de extranjería, con formación especializada, en todos los Colegios
• Que se refuerce la formación continua en derecho de extranjería y que se establezcan mecanismos de supervisión de los resultados, de cara a una mejora de la defensa efectiva de los derechos
• Que se promueva, en lo posible, que la asistencia letrada en los procedimientos sancionadores sea desarrollada por el mismo letrado 

A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO  Y A LAS ONG 

• Que se esfuercen en visibilizar la realidad de los CIE
• Que apuesten por el valor de la hospitalidad, encarnándolo en prácticas cotidianas
• Que impulsen la creación de un proyecto piloto de recogida de buenas prácticas en alternativas al internamiento, a través de una comisión mixta con diversos actores sociales  

Testimonio en la presentación

Patricia Johnson, mujer de 33 años, de nacionalidad nigeriana que vive con su hijo de 10 años. Es detenida por la calle y trasladada al CIE un día mientras el niño está en el colegio.

Su mayor angustia durante su estancia en el CIE es cómo está su hijo. Desde que la detienen tarda varios días en poder hablar con él.

Sufre mucho durante su estancia en el CIE por la incertidumbre sobre su hijo y la posibilidad de que la expulsen y queden separados. Las condiciones de vida en el CIE también le hacen mella: se queja de que pregunta pero nadie le contesta, no le dan información. También se queja de que siempre están vigilados.

Tras quince días de estancia en el CIE sale porque el Juez estima el recurso interpuesto por su abogada.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) es una red de entidades de la Compañía de Jesús cuyo objetivo es acompañar, servir y defender a las personas migrantes. Su misión incluye también el estudio de las transformaciones sociales, la reflexión sobre nuestra acción, la sensibilización y la defensa legal.

Pueblos Unidos es un centro de la Fundación San Juan del Castillo, que trabaja en Madrid desde hace más de 10 años. Cuenta con un Grupo de Visitas estable formado por personas voluntarias, dedicadas a apoyar a las personas internas en el CIE de Aluche, Madrid, desde 2010

FUENTE: RIA, Red Ignaciana Asturiana